Investigación a concejal por rescate de 200.000 euros en ciberataque
Investigación judicial por pago de rescate tras ataque informático
En mayo de 2023, el ayuntamiento de Cangas de Morrazo sufrió un grave ciberataque ransomware que paralizó gran parte de sus sistemas informáticos. El municipio gallego vio comprometida su operatividad durante semanas tras ser víctima de una extorsión digital perpetrada por cibercriminales que amenazaron con difundir datos municipales en plataformas clandestinas. La corporación local acabó cediendo a las demandas de los atacantes y realizó un pago de aproximadamente 200.000 euros en criptomonedas para recuperar la información cifrada. Ahora, meses después de estos hechos, las autoridades judiciales están examinando la legalidad de cómo se gestionó esta situación de emergencia.
El papel del concejal Antón Iglesias en la investigación
La jueza del Tribunal de Instancia número 2 de Cangas ha citado a Antón Iglesias, actual responsable de las áreas de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, como persona investigada en relación con el procedimiento de pago del rescate. Lo paradójico de esta situación radica en que Iglesias no ocupaba ningún cargo municipal en el momento en que ocurrió el ataque informático en mayo de 2023, ni fue él quien autorizo la transacción mediante el contrato de urgencia necesario para realizar el pago. Fue Araceli Gestido, quien acababa de asumir la alcaldía en esa época, quien rubricó documentalmente la decisión de transferir los fondos a los atacantes. Hasta el momento, Gestido no ha sido convocada a comparecer ante la justicia, aunque se espera que la magistrada amplíe las citaciones próximamente.
La contratación de servicios técnicos y recuperación de datos
Tras el ataque, el Concello de Cangas contrató los servicios de EVELB Técnicas y Sistemas S.L. para realizar un análisis forense exhaustivo de la infraestructura informática dañada. Este primer encargo costó 5.279 euros, pero no logró resultados satisfactorios en la recuperación de datos. Semanas después, la corporación volvió a recurrir a la misma empresa para intentar resolver la situación, esta vez con un segundo contrato. En esta ocasión, EVELB no consiguió acceder a los sistemas mediante procedimientos técnicos convencionales, por lo que procedió a negociar directamente con los delincuentes digitales. Esta estrategia funcionó y posibilitó la recuperación de los archivos cifrados, aunque al precio de satisfacer completamente las exigencias económicas de los cibercriminales. El segundo contrato ascendió a la cantidad de 197.847,17 euros en bitcoin.
Delitos investigados y irregularidades en la tramitación
A finales de 2024, la Fiscalía Provincial de Pontevedra remitió el asunto al juzgado de guardia señalando indicios de múltiples delitos, entre ellos prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, daños a sistemas informáticos y coacciones. La investigación no se centra únicamente en justificar si era procedente o no efectuar el pago del rescate, sino que profundiza en el análisis de cómo se tramitaron ambos contratos con la empresa privada. Un aspecto criticable es que ninguno de estos acuerdos fue sometido a un concurso público competitivo, saltándose los procedimientos administrativos ordinarios. Además, resulta cuestionable que ambas adjudicaciones recayeran sobre la misma compañía que ya había fracasado en su primer intento de solucionar el problema. Actualmente, tanto el ayuntamiento como la empresa proveedora de servicios son objeto de investigación judicial.
Posicionamiento del partido político gobernante
El Bloque Nacionalista Galego, partido político que ostenta la mayoría de gobierno en el municipio de Cangas, ha manifestado públicamente su respaldo íntegro a Antón Iglesias. Los representantes de la formación nacionalista han expresado que el concejal investigado cuenta con su plena confianza y afirman que la administración municipal actuó respetando escrupulosamente los procedimientos legales establecidos por la normativa vigente en materia de contratación pública y situaciones de urgencia.
Detalles técnicos del ciberataque LockBit 3.0
El ataque de ransomware ocurrió durante las primeras horas del 18 de mayo de 2023. El malware utilizado por los delincuentes fue LockBit 3.0, una de las herramientas más sofisticadas y peligrosas disponibles en el mercado clandestino de cibercriminalidad. El virus logró infiltrarse en los sistemas municipales a través de un correo electrónico fraudulento que utilizaba técnicas de suplantación de identidad (phishing), el cual fue abierto inadecuadamente por un empleado municipal. Cuando los trabajadores se presentaron a trabajar a la mañana siguiente, descubrieron sus ordenadores completamente bloqueados con una pantalla que exhibía un mensaje de demanda de rescate redactado en idioma inglés.
Impacto operativo en los servicios municipales
El alcance del cifrado de datos afectó a más de la mitad de los equipos informáticos disponibles en las instalaciones del Concello. El bloqueo fue especialmente grave en departamentos críticos como el de contabilidad y finanzas, impidiendo temporalmente la ejecución de funciones administrativas esenciales tales como el procesamiento y pago de nóminas del personal municipal y la liquidación de facturas adeudadas a empresas proveedoras de servicios. La paralización de estos servicios causó disrupciones significativas en la operatividad normal del ayuntamiento durante varias semanas, hasta que fue posible recuperar los sistemas tras efectuar el pago de rescate.