Investigación por ciberataque: concejal de Cangas bajo escrutinio

Origen del ciberataque a la administración local

En mayo de 2023, el ayuntamiento de Cangas de Morrazo fue víctima de un ciberataque que comprometió gravemente sus sistemas informáticos. El incidente, catalogado como ransomware de tipo LockBit 3.0, penetró en la red municipal a través de un correo de phishing abierto por un funcionario en la madrugada del 18 de mayo. Este ataque informático derivó en investigaciones administrativas y penales que continúan en la actualidad, afectando a la reputación institucional.

El ransomware se propagó afectando más del 50% de los equipos municipales, bloqueando departamentos críticos como el de contabilidad. Los trabajadores municipales se encontraron a la mañana siguiente con sus ordenadores completamente inmovilizados, mostrando pantallas con mensajes en inglés exigiendo el pago de un rescate en bitcoin para recuperar el acceso a los datos.

Cifras económicas y gestión de la crisis

El ciberataque generó costes significativos para las arcas municipales. Inicialmente, el Concello de Cangas contrató a la empresa EVELB Técnicas y Sistemas S.L. para realizar un análisis forense del sistema comprometido, desembolsando 5.279 euros sin obtener resultados satisfactorios en la recuperación de datos.

Semanas después, volvieron a contratar a la misma firma para negociar con los atacantes y efectuar el rescate. Esta segunda contratación ascendió a 197.847,17 euros, cifra que sumada al anterior análisis representa un total aproximado de 200.000 euros. A diferencia del primer intento técnico, esta ocasión sí permitió recuperar la información, aunque mediante el pago directo a los delincuentes informáticos en lugar de métodos de análisis forense.

Citación de autoridades y procedimiento judicial

La jueza de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Cangas ha citado a Antón Iglesias, concejal actual de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, en calidad de investigado respecto al procedimiento de pago del rescate. Lo relevante del caso radica en que Iglesias no ocupaba cargo alguno en el momento del ciberataque, ni fue quien autorizó el contrato de urgencia para efectuar el pago.

Araceli Gestido, alcaldesa en el momento de los hechos, fue quien suscribió el contrato de forma urgente para recuperar los datos secuestrados. Aunque no ha sido citada formalmente hasta ahora, se espera que la jueza termine convocándola a declarar como investigada en el procedimiento.

Cargos formulados contra la administración

A finales de 2024, la Fiscalía de Pontevedra trasladó el caso al juzgado identificando indicios de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, daños informáticos intencionales y coacciones. Los cargos no se centran únicamente en el pago del rescate, sino en la manera en que se gestionaron los contratos de forma irregular.

Ambas contrataciones fueron realizadas sin seguir el procedimiento de concurso público, lo cual constituye una violación de los protocolos de adquisición de bienes y servicios municipales. Además, resultó controvertido que la misma empresa que fracasó en el primer intento fuese nuevamente adjudicataria del segundo contrato de mayor cuantía económica. Esta circunstancia ha puesto tanto a la administración como a la empresa prestadora de servicios bajo investigación judicial.

Postura institucional y respaldo político

El Bloque Nacionalista Galego (BNG), partido que gobierna la administración local de Cangas, ha manifestado públicamente su respaldo a Antón Iglesias. La formación política ha afirmado que el concejal investigado goza de su