Investigación por rescate de ciberataque en Cangas
Ransomware LockBit paraliza el consistorio gallego
Durante la madrugada del 18 de mayo de 2023, el ayuntamiento de Cangas de Morrazo sufrió un ataque informático de gran envergadura. Un ciberataque ejecutado a través del ransomware LockBit 3.0 penetró en los sistemas municipales después de que un empleado abriera un correo de phishing infectado. Al llegar la mañana siguiente, los trabajadores se encontraron con sus ordenadores bloqueados, mostrando mensajes en inglés que exigían el pago de un rescate para recuperar el acceso a los datos.
La intensidad del ataque fue considerable: más de la mitad de los equipos informáticos quedaron cifrados, afectando especialmente a departamentos críticos como el de contabilidad. Esta situación provocó el bloqueo inmediato de operaciones financieras, impidiendo el pago de nóminas a los empleados municipales y el abono de facturas a proveedores locales. La paralización de servicios básicos del consistorio evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica municipal.
La gestión del rescate y los contratos cuestionados
Ante la gravedad de la situación, el Concello de Cangas decidió actuar con rapidez. Primero contrató a la empresa EVELB Técnicas y Sistemas S.L. para realizar un análisis forense de los sistemas comprometidos. Este primer contrato, valorado en 5.279 euros, no arrojó los resultados esperados para la recuperación de datos.
Semanas después, volvieron a recurrir a la misma empresa para intentar recuperar la información secuestrada. En esta ocasión, la empresa optó por negociar directamente con los atacantes en lugar de buscar soluciones técnicas. El resultado fue el pago del rescate en bitcoin, lo que permitió recuperar acceso a los datos. El segundo contrato alcanzó la cantidad de 197.847,17 euros, sumando más de 200.000 euros en total cuando se incluye el importe del primer contrato.
Irregularidades en los procedimientos administrativos
Lo que inicialmente parecía una gestión de crisis se convirtió en objeto de investigación judicial. A finales de 2024, la Fiscalía de Pontevedra remitió el expediente al juzgado por indicios de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, daños informáticos y coacciones. El foco de la investigación no se centra únicamente en la decisión de pagar el rescate, sino en la manera en que se gestionaron administrativamente estos contratos.
La principal irregularidad identificada es que ambos contratos fueron adjudicados de forma directa, sin seguir los procedimientos de concurso público que marca la normativa sobre contratación pública. Además, resulta controvertido que se eligiera de nuevo a la misma empresa que ya había fracasado en su primer intento, sin considerar alternativas de otros proveedores especializados en recuperación de datos.
Imputación del concejal de Urbanismo
La jueza de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Cangas ha citado como investigado a Antón Iglesias, actual concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. Sin embargo, existe una particularidad relevante en esta imputación: en el momento en que se produjo el ciberataque y se tomaron las decisiones sobre el rescate, Iglesias no ocupaba cargo alguno en el consistorio.
Quien realmente firmó el contrato de urgencia para el pago del rescate fue Araceli Gestido, la alcaldesa que había asumido recientemente el cargo. Esta circunstancia ha generado interrogantes sobre las razones por las que se está investigando a Iglesias mientras que Gestido, responsable directa de las decisiones en cuestión, aún no ha sido citada a declarar. No obstante, se espera que la magistrada amplíe la investigación y convoque a la alcaldesa para que preste declaración en el procedimiento.
Respaldo político y postura del Bloque Nacionalista Galego
El Bloque Nacionalista Galego (BNG), partido que gobierna la corporación municipal, ha expresado públicamente su apoyo incondicional a Antón Iglesias. Los dirigentes del BNG han manifestado que el concejal goza de "toda su confianza" y han defendido que el gobierno municipal actuó "conforme a los procedimientos legalmente establecidos". Esta postura contrasta con la investigación judicial en curso sobre posibles irregularidades administrativas.
Alcance de las acusaciones fiscales
Las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Pontevedra abarcan múltiples aspectos de la gestión realizada. Más allá de la prevaricación y la malversación de fondos, se investigan posibles daños informáticos y coacciones derivadas del ataque. Tanto la administración municipal como la empresa EVELB Técnicas y Sistemas S.L. están bajo escrutinio judicial, lo que refleja la complejidad del caso y las múltiples responsabilidades que podrían estar en juego.
Contexto de vulnerabilidad en administraciones públicas
El caso de Cangas ilustra un problema creciente en España: la exposición de las administraciones públicas locales a ataques de ransomware sofisticados. La infiltración a través de correo electrónico de phishing demuestra que incluso pequeños fallos en las prácticas de seguridad pueden comprometer sistemas enteros. La respuesta posterior, basada en el pago de rescates, plantea dilemas éticos y legales sobre cómo deben actuar las instituciones públicas ante este tipo de amenazas cibernéticas.